Fue en el marco del Taller Gubernamental de Desarrollo Sostenible en el Delta del Paraná con la participación de funcionarios y técnicos de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires y de la Secretaría de Ambiente de la Nación.
Se redactó una carta de intención, con el objeto para detener las quemas de pastizales que arrasaron más de 200.000 hectáreas en el Delta, debido a la resistencia del gobierno entrerriano. “Continuar este camino errado significará costos sociales, sanitarios, ambientales y económicos que nuevamente terminarán pagando la sociedad y el Estado”, dijo el director general de PROTEGER. Entre otros que opinan exactamente igual, aun que se mantenga en vos baja“Los técnicos que trabajan en el Estado, los especialistas y las organizaciones ambientalistas podemos ponernos de acuerdo en el diagnóstico y en lo que sería una salida a la actual destrucción del DeltaPoco después de conocer la carta intención rubricado en Victoria por funcionarios de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, y de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), la prensa regional y nacional recogió la generalizada decepción ante la ausencia de los gobernadores y de la máxima autoridad ambiental del país. El telón de fondo fue la resistencia del gobernador entrerriano a poner límites a la explotación ganadera en las islas del Delta.La carta intención fue el único fruto de dos días de deliberaciones de funcionarios y técnicos gubernamentales, científicos e integrantes de ONGs que, como en el caso del Taller Ecologista de Rosario y PROTEGER, asistieron especialmente invitadas al “Taller Gubernamental: Desarrollo Sostenible en el Delta del Paraná”, realizado en Victoria, Entre Ríos, el 11 y 12 del corriente, a instancias de la autoridad ambiental nacional y de las provincias de Santa Fe y Buenos Aires que sufren las consecuencias de las quemas de los emprendimientos ganaderos.
Nosotros en Pezcalandia y desde nuestro lugar solo podemos decir algo, esta funcionando mal o hablamos distintos idiomas.
Los gobernadores de Entre Ríos, Sergio Urribarri; de Santa Fe, Hermes Binner; de Buenos Aires, Daniel Scioli y la secretaria de Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, tienen ahora la propuesta del acta en sus manos, pero se desconoce la fecha en que podrían efectivamente reunirse a firmarla, ni si se alcanzará finalmente este acuerdo.Como se sabe, en respuesta a los devastadores incendios intencionales que, sólo en abril pasado, arrasaron 207.000 hectáreas de pastizales y bosques nativos en el Delta según datos oficiales, para dedicar islas fiscales a la ganadería, la SAyDS comenzó a diseñar una propuesta. El Plan Integral Estratégico para la Conservación y Desarrollo Sostenible del Delta del Paraná, conocido por su sigla PIECAS-DP, se elabora bajo la coordinación del director nacional de ordenamiento ambiental, Carlos Merenson.Horizontes de fuego“
Desde abril hasta ahora, y a pesar de todos los pedidos y advertencias, quienes introducen vacas en las islas del Delta no han parado de quemar. Al atardecer, cuando se pasa por el puente principal de la conexión Rosario-Victoria desde la costa santafesina al lado entrerriano se ven, a la derecha y a la izquierda dos horizontes de fuego”, señaló Cappato desde el panel de las ONGs en el inicio del taller en Victoria.
Exponiendo ante un auditorio con cerca de cien funcionarios y técnicos de las tres provincias con jurisdicción en el Delta, de Ambiente de la Nación, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de la Administración de Parques Nacion
ales, Cappato recordó que “los suelos del Delta son frágiles, su productividad y estructura dependen de la materia orgánica, que es justamente lo que se está quemando”.“Quienes conocen los suelos arenosos de las islas fluviales saben que sin la presencia, o incluso el agregado de materia orgánica, no puede sobrevivir ni una lechuga” –ironizó el ambientalista. “Se están agotando los suelos de un ecosistema muy frágil”, vaticinó.“Si uno mira a los costados de la ruta que une Rosario con Victoria, pueden verse ya claramente grandes manchones de arena desnuda que emergen entre la vegetación carbonizada. Quemar las islas es mucho peor que quemar en la Pampa o en el Espinal, aunque hoy no debiera quemarse más en ninguna parte”, señaló Cappato.
ales, Cappato recordó que “los suelos del Delta son frágiles, su productividad y estructura dependen de la materia orgánica, que es justamente lo que se está quemando”.“Quienes conocen los suelos arenosos de las islas fluviales saben que sin la presencia, o incluso el agregado de materia orgánica, no puede sobrevivir ni una lechuga” –ironizó el ambientalista. “Se están agotando los suelos de un ecosistema muy frágil”, vaticinó.“Si uno mira a los costados de la ruta que une Rosario con Victoria, pueden verse ya claramente grandes manchones de arena desnuda que emergen entre la vegetación carbonizada. Quemar las islas es mucho peor que quemar en la Pampa o en el Espinal, aunque hoy no debiera quemarse más en ninguna parte”, señaló Cappato.“Los incendios están convirtiendo en cenizas a la biodiversidad, y arruinando la calidad del agua y de la pesquería; también están arrojando a la atmósfera miles de toneladas de carbono que van a empeorar el cambio climático.
Es un desastre por donde se mire”, remarcó.“No se trata de no traer vacas a las islas; ojalá se buscara producir carne orgánica, de alto valor agregado y con un manejo apropiado, con ordenamiento ambiental. Pero lo que hoy vemos es un sobrepastoreo a gran escala, totalmente insustentable. Si antes había 50 mil vacas en los bordes del Delta, ahora con la expansión de la soja hay mucho más de un millón; el ecosistema isleño no puede resistir esta carga”, subrayó.Fantasías peligrosas“La polémica Parque Nacional sí o parque no, hoy es una disyuntiva falsa; no se vino a Victoria a querer transformar el Delta en un Parque sino a armonizar conservación y desarrollo. La categoría de sitios Ramsar, por ejemplo, alienta el “uso racional”, que es precisamente el aprovechamiento sostenible; producir pero con planes de manejo y ordenamiento ambiental”, puntualizó hoy Cappato a Prensa Proteger.“Lo otro es seguir en este caos, hacia una degradación de los recursos acelerada y profunda, con un saldo de d
años irreversibles que terminarán socavando a las propias actividades productivas. Continuar este camino errado significará costos sociales, sanitarios, ambientales y en definitiva económicos que, nuevamente, terminarán pagando la sociedad y el Estado. Incluido el costo de perder potencialidad y opciones para el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza. Pero cambiar este camino, que lleva a un callejón sin salida, es insistimos, cuestión de voluntad política”.“Existen tres peligrosas fantasías que, sobre todo los dirigentes, deberían tener muy en cuenta. La ilusión de que los impactos ambientales y sociales en casos como éste no son tan importantes y que “la ciencia y la técnica” podrán encontrar soluciones –que de algún lado saldrán los recursos para implementarlas. Lo cual es falso ante impactos irreversibles. La utopía de que los impactos negativos son a largo plazo y que pasará a ser un problema a resolver en el futuro. Lo cual es falso también, como demuestran las consecuencias que esta generación está sufriendo como ninguna otra”.“La segunda fantasía riesgosa es que los grandes problemas se resuelven desde el Estado, sin entender que el desafío ambiental y social actual es de una magnitud tan grande que ni el Estado por si sólo ni la sociedad por sí misma pueden resolverlo. Si no logra construirse un puente sólido entre la gente y los gobiernos, una democracia participativa, estamos perdidos. Seguiremos en un enfrentamiento continuo mientras el barco se hunde”, enfatizó.“Está finalmente la fantasía de que no habrá “costo político” para las malas decisiones o para la falta de voluntad política para corregirlas, o que será un costo menor. La realidad dice otra cosa: basta ver el alto costo que han pagado recientemente referentes políticos muy conocidos ante desastres ambientales como inundaciones, falta de agua, humo e incendios, todos temas muy cercanos al que nos estamos refiriendo”, concluyó Cappato.Acuerdo y polémicaEl gobernador Uribarri no quiere nada. No quiere resignar producción ganadera en las islas –corrida de las tierras firmes por el avance de la soja–, ni tampoco que se discuta un área protegida para todo el humedal, al considerarlo una “intromisión” en territorio entrerriano. Sucede que en realidad, siempre que se discuta la necesidad de declarar a un área como Parque Regional o Nacional, o sitio Ramsar, se está inmiscuyendo alguna autoridad superior en los asuntos provinciales –señalaba Rosario/12.Pero es porque ese territorio, por su valor para la sociedad, excede los límites jurídicos y políticos de una provincia. Lo ha dicho también el intendente rosarino Miguel Lifschitz al señalar que “lo que ahora debe discutirse es la cuestión medioambiental de esta zona que peligra por el crecimiento de la actividad productiva en la zona de islas”.Luego de dos días de debates, los funcionarios de los estados provinciales y del organismo nacional ambiental acordaron trabajar en conjunto para promover políticas de preservación en las islas, pero no se firmó un compromiso que permita combatir en forma eficaz y sostenida la quema de pastizales que realizan los productores ganaderos.El texto del borrador de un acta a consideración de los gobernadores lleva la firma de los secretarios de Entre Ríos de Planeamiento e Infraestructura, Guillermo Federik, y de Medio Ambiente, Fernando Raffo, y del intendente de Victoria, César Garcilazo. Por Santa Fe firmó el secretario de Medio Ambiente, César Mackler; por Buenos Aires el director Provincial de Recursos Naturales, Carlos Lasta; por la Secretaría de Ambiente de la Nación el director nacional de Ordenamiento Ambiental, Carlos Merenson, y el subsecretario de Planificación y Políticas Ambientales, José María Musmeci.Musmeci, indicó que en esta problemática es necesario “construir procesos participativos y de consenso en torno a conservar responsablemente toda esta zona”, y negó que la Nación apoye la creación del Parque Alto Delta.“Nunca se les dijo a los funcionarios entrerrianos cómo tienen que hacer para controlar la quema de pastizales, pero el medio ambiente no tiene fronteras, por eso sin interferir en sus tierras queremos que se preserven”, sintetizó por su parte Mackler.En tanto el secretario de Planeamiento e Infraestructura de Entre Ríos, Guillermo Federik, recordó que el 80 por ciento del Delta es patrimonio de Entre Ríos, el 5 por ciento de Santa Fe y el 15 por ciento de Buenos Aires. “Es decir que la actuación de cada provincia no será igualitaria sino que cada una trabajará en la aplicación de este plan en su territorio”, aclaró Federik, lo que dejó al desnudo debilidades del acuerdo.El foco en la conservación“Se trata de un avance importante para empezar a pensar en un modelo que ponga el foco en la preservación y la conservación del medio ambiente por encima del desarrollo descontrolado de la actividad ganadera”, explicó ayer el secretario de Medio Ambiente de Santa Fe, César Mackler, a El Litoral.Consultado sobre el alcance del acuerdo, Mackler dijo que seguramente podrán existir actividades productivas en la zona de islas, pero en el marco de un objetivo de preservación. “Es decir, no puede haber en un humedal con una alta vulnerabilidad ecológica la cantidad de ganado vacuno que existe hoy en las islas, una actividad productiva que en sí misma es perjudicial para el ecosistema que la alberga”, dijo.En el mismo sentido, Mackler señaló que “acá también estamos hablando de vidas humanas, de recursos naturales, de biodiversidad. Y hablo de vidas humanas porque, cuando hubo quemas, hubo accidentes y pérdidas de vidas. Además, este problema es mucho más que la quema de pastizales, se trata de la preservación de la cantidad y calidad de agua en el río más importante de la República Argentina”, agregó.
años irreversibles que terminarán socavando a las propias actividades productivas. Continuar este camino errado significará costos sociales, sanitarios, ambientales y en definitiva económicos que, nuevamente, terminarán pagando la sociedad y el Estado. Incluido el costo de perder potencialidad y opciones para el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza. Pero cambiar este camino, que lleva a un callejón sin salida, es insistimos, cuestión de voluntad política”.“Existen tres peligrosas fantasías que, sobre todo los dirigentes, deberían tener muy en cuenta. La ilusión de que los impactos ambientales y sociales en casos como éste no son tan importantes y que “la ciencia y la técnica” podrán encontrar soluciones –que de algún lado saldrán los recursos para implementarlas. Lo cual es falso ante impactos irreversibles. La utopía de que los impactos negativos son a largo plazo y que pasará a ser un problema a resolver en el futuro. Lo cual es falso también, como demuestran las consecuencias que esta generación está sufriendo como ninguna otra”.“La segunda fantasía riesgosa es que los grandes problemas se resuelven desde el Estado, sin entender que el desafío ambiental y social actual es de una magnitud tan grande que ni el Estado por si sólo ni la sociedad por sí misma pueden resolverlo. Si no logra construirse un puente sólido entre la gente y los gobiernos, una democracia participativa, estamos perdidos. Seguiremos en un enfrentamiento continuo mientras el barco se hunde”, enfatizó.“Está finalmente la fantasía de que no habrá “costo político” para las malas decisiones o para la falta de voluntad política para corregirlas, o que será un costo menor. La realidad dice otra cosa: basta ver el alto costo que han pagado recientemente referentes políticos muy conocidos ante desastres ambientales como inundaciones, falta de agua, humo e incendios, todos temas muy cercanos al que nos estamos refiriendo”, concluyó Cappato.Acuerdo y polémicaEl gobernador Uribarri no quiere nada. No quiere resignar producción ganadera en las islas –corrida de las tierras firmes por el avance de la soja–, ni tampoco que se discuta un área protegida para todo el humedal, al considerarlo una “intromisión” en territorio entrerriano. Sucede que en realidad, siempre que se discuta la necesidad de declarar a un área como Parque Regional o Nacional, o sitio Ramsar, se está inmiscuyendo alguna autoridad superior en los asuntos provinciales –señalaba Rosario/12.Pero es porque ese territorio, por su valor para la sociedad, excede los límites jurídicos y políticos de una provincia. Lo ha dicho también el intendente rosarino Miguel Lifschitz al señalar que “lo que ahora debe discutirse es la cuestión medioambiental de esta zona que peligra por el crecimiento de la actividad productiva en la zona de islas”.Luego de dos días de debates, los funcionarios de los estados provinciales y del organismo nacional ambiental acordaron trabajar en conjunto para promover políticas de preservación en las islas, pero no se firmó un compromiso que permita combatir en forma eficaz y sostenida la quema de pastizales que realizan los productores ganaderos.El texto del borrador de un acta a consideración de los gobernadores lleva la firma de los secretarios de Entre Ríos de Planeamiento e Infraestructura, Guillermo Federik, y de Medio Ambiente, Fernando Raffo, y del intendente de Victoria, César Garcilazo. Por Santa Fe firmó el secretario de Medio Ambiente, César Mackler; por Buenos Aires el director Provincial de Recursos Naturales, Carlos Lasta; por la Secretaría de Ambiente de la Nación el director nacional de Ordenamiento Ambiental, Carlos Merenson, y el subsecretario de Planificación y Políticas Ambientales, José María Musmeci.Musmeci, indicó que en esta problemática es necesario “construir procesos participativos y de consenso en torno a conservar responsablemente toda esta zona”, y negó que la Nación apoye la creación del Parque Alto Delta.“Nunca se les dijo a los funcionarios entrerrianos cómo tienen que hacer para controlar la quema de pastizales, pero el medio ambiente no tiene fronteras, por eso sin interferir en sus tierras queremos que se preserven”, sintetizó por su parte Mackler.En tanto el secretario de Planeamiento e Infraestructura de Entre Ríos, Guillermo Federik, recordó que el 80 por ciento del Delta es patrimonio de Entre Ríos, el 5 por ciento de Santa Fe y el 15 por ciento de Buenos Aires. “Es decir que la actuación de cada provincia no será igualitaria sino que cada una trabajará en la aplicación de este plan en su territorio”, aclaró Federik, lo que dejó al desnudo debilidades del acuerdo.El foco en la conservación“Se trata de un avance importante para empezar a pensar en un modelo que ponga el foco en la preservación y la conservación del medio ambiente por encima del desarrollo descontrolado de la actividad ganadera”, explicó ayer el secretario de Medio Ambiente de Santa Fe, César Mackler, a El Litoral.Consultado sobre el alcance del acuerdo, Mackler dijo que seguramente podrán existir actividades productivas en la zona de islas, pero en el marco de un objetivo de preservación. “Es decir, no puede haber en un humedal con una alta vulnerabilidad ecológica la cantidad de ganado vacuno que existe hoy en las islas, una actividad productiva que en sí misma es perjudicial para el ecosistema que la alberga”, dijo.En el mismo sentido, Mackler señaló que “acá también estamos hablando de vidas humanas, de recursos naturales, de biodiversidad. Y hablo de vidas humanas porque, cuando hubo quemas, hubo accidentes y pérdidas de vidas. Además, este problema es mucho más que la quema de pastizales, se trata de la preservación de la cantidad y calidad de agua en el río más importante de la República Argentina”, agregó.Fuentes: Diario La Capital; Rosario 12; El Litoral; Prensa Proteger; Prensa Pezcalandia
Photo medio ambiente.gov.ar; criticadigital.com.ar; Infobae.com
