Así lo expresó la Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas, en una declaración que lleva la firma de las más importantes organizaciones ambientales del país. Alertan sobre crecientes divergencias en la sociedad respecto a los costos y beneficios de la actividad.
Exigen detener la instalación de nuevas plantas de celulosa y monocultivos forestales, y a realizar un amplio debate de los impactos sobre los productores familiares y la población rural, además de la afectación de suelos, agua, biodiversidad y clima. La Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas, resolvió “promover ante los poderes públicos, los sectores económicos y la sociedad civil, la suspensión total de autorizaciones para realizar nuevas plantaciones forestales y la instalación de nuevas industrias para el procesamiento de celulosa”. La red nuclea a las más importantes organizaciones ambientales del país.La declaración exhorta a realizar un amplio debate sobre la configuración del “Uruguay Productivo” con el conjunto de actores sociales, económicos y políticos. Los miembros de la Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas consideran indispensable una evaluación actualizada de todos los impactos ambientales, sociales y económicos del proyecto forestal que el país está llevando a cabo y que, cada vez más, diferentes sectores de la sociedad ponen en duda.El documento signado por organizaciones de todo el país, considera:
1. Las dimensiones actuales de la forestación y del proyecto forestal en curso en el país, el ritmo de las nuevas plantaciones y los anuncios de múltiples empresas interesadas en la instalación en el territorio nacional de industrias para la producción de celulosa.
2. Que hay divergencias crecientes en la sociedad sobre los costos y beneficios de esta actividad, en particular por la afectación que se produce sobre los recursos naturales básicos –suelos, agua, biodiversidad, clima.
3. Que hay dudas sobre la generación de empleo y las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores forestales, sobre la afectación de la viabilidad de un gran conjunto de productores familiares y medios que conforman la matriz básica de la estructura y la población rural.
4. Que las plantaciones forestales contribuyen al agravamiento del proceso de concentración y extranjerización de la propiedad de los recursos productivos del país.
5. Que no se internalizan los costos sociales, económicos y ambientales reales que deberán asumir el sector público y otros sectores productivos para que esta actividad sea viable.
6. Que a la no internalización se le suma un conjunto de incertidumbres y problemas que afectan la sustentabilidad ambiental, social y económica de esta actividad.
7. La necesaria aplicación del Principio Precautorio incorporado en la literatura ambiental internacional y la legislación nacional.
Fuente: Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas
