Se eligieron 16 hectáreas ubicadas a 200 metros del Paraná, en una zona ubicada al norte de la ciudad. La tierra le pertenece a la familia Folonier, que se negó a venderla debido a la falta de información sobre las consecuencias de la obra.
La empresa distribuidora de energía eléctrica Enersa planea construir una estación transformadora de considerables dimensiones en cercanías de Paraná. El anuncio viene reiterándose desde el año pasado; aunque en los últimos meses, el proyecto tuvo un avance notorio: se eligió la ubicación de la planta y se sancionó una ley para expropiar un terreno de 16 hectáreas. El predio está situado al norte de la ciudad, a 200 metros del río Paraná y es parte del paisaje propio de la costa.
Se ingresa a la zona a través del Acceso Norte, por una de las calles perpendiculares, conocida como la Bajada de Nuñez, y el lugar conformaría el borde costero -proyecto de más de una gestión municipal- tendiente a unir Bajada Grande con Villa Urquiza por la orilla del río.
El campo elegido pertenece a la familia Folonier, que se enteró de las intenciones de ejecutar el proyecto en su terreno a fines de año y desde entonces viene obteniendo información a cuenta gotas, después de insistir y realizar presentaciones ante Enersa.Eso aseveran Matías y Pablo Folonier, quienes dicen estar “muy preocupados” por el impacto a la salud de los lugareños y al medio ambiente que puede provocar la obra, se quejan por la falta de difusión y consulta entre los vecinos, advierten improvisación en el procedimiento y aseguran que la Ley de Expropiación -cuya promulgación sería inminente- surge luego de una serie de pasos basados en la ilegalidad. Asimismo, aclaran que no están en contra de la construcción de semejante planta, sino que debería buscarse una zona adecuada, opinan.
El hombre pertenecía a una consultora privada, contratada por la distribuidora, para llevar adelante las negociaciones y un estudio de impacto ambiental. Sin aceptar la propuesta, los Folonier se dirigieron a Enersa en busca de información. En un primer contacto, obtuvieron la confirmación de que había un proyecto en pie.
Luego, volvieron y accedieron a algunos datos y más tarde, un representante de la distribuidora reiteró la oferta de comprar del predio. La familia respondió que primero necesitaba conocer detalles sobre el impacto de la planta. “Nosotros no podemos vender algo que tal vez sea perjudicial para la salud.
Además hay que ver, porque es un lugar con proyección turística y urbana”, razona Matías, quien añade que a 200 metros está ubicada su casa y en los alrededores hay vecinos.Seguidamente, solicitó los estudios en la Enersa: “Me dijeron que no me lo podían mostrar porque antes debían hablar con los abogados”.
En una segunda reunión, explicaron que tampoco podían facilitar los informes. “‘Si yo se lo muestro, ustedes me lo van a impugnar’”, recuerda Matías que le dijeron desde Enersa. Así las cosas, comenzaron a partir de febrero a hacer presentaciones ante la empresa en base a los postulados de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental. “La gente de Enersa jamás nos contesto a ninguna presentación, recién hace un par de semanas nos envió una carta documento” refutando el reclamo, comenta.Mientras, la empresa publicó en su página web una versión parcial del estudio de impacto ambiental.
Justamente “faltaban dos puntos: uno el referido a los ruidos y el otro, al de los campos electromagnéticos”. “Todo lo que hizo Enersa se basó en ilegalidad”, afirma Matías Folonier y explica: por ejemplo “la ley de expropiación sale basada en el estudio de impacto ambiental, que no está terminado y que está hecho por una consultora que no aparece en el registro de consultoras aptas para hacer ese tipo de trabajo”. Concretamente, el vecino se refiere a un listado de consultoras elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, en el que no figura Paul Associate, la firma contratada por Enersa.
Desde Pezcalandia deseamos que este problema se resuelva, de una forma u otra para beneficios de todos.
Fuente Parana El diario Entre Rios
