Los recientes anuncios acerca de un gran proyecto agrícola en el área de la cuenca del Arroyo Ayuí en el Departamento Mercedes de la provincia de Corrientes, deben ser cuidadosamente analizados por la opinión pública, antes de festejar lo que a primeras luces sería una iniciativa de desarrollo local generadora de empleo y nuevas inversiones.
Impulsado por dos empresas líderes del sector (Copra y Adeco) este proyecto anticipa una notable expansión agrícola en un área tradicionalmente ganadera.
Se anuncian la incorporación de unas 28.000 hectáreas de cultivos de arroz y otros cereales, exportaciones millonarias y una cantidad nada despreciable de nuevos puestos de trabajo.
Lo que no se anuncia con la misma intensidad es que para ello proponen interrumpir el flujo natural de un importante curso de agua, eliminando sus bosques de ribera y extensos pastizales, sorteando así derechos fundamentales expresados en la constitución y las normas más elementales.
La propuesta de las empresas consiste en crear un lago artificial de proporciones descomunales. Tan grande como El Palmar de Colón (Entre Ríos), mayor que la cercana y famosa Laguna del Iberá y 12 veces más extenso que el casco urbano de la cercana ciudad de Mercedes. El proyecto consiste en atravesar con un paredón el arroyo mencionado e inundar su lecho completo en un tramo de decenas de kilómetros de costas.
La escena de la fotografía quedaría entonces bajo el agua, destruida de manera irreversible. Este reservorio artificial recibiría, a su vez, los efluentes químicos de esta gigantesca superficie de plantíos, y el destino de la cuenca del río Miriñay (receptor final de las aguas que terminan en el río Uruguay), podría quedar severamente comprometido, no sólo desde el punto de vista ambiental, sino también productivo, pues la cantidad y calidad de aguas disponibles cuenca abajo ya no serían las mismas.
Conviene reflexionar que represas y lagos artificiales de estas proporciones –aunque ya severamente cuestionadas en todo el mundo– han sido siempre emprendidos por el Estado y con fines de provisión de electricidad a la población. Obras netamente públicas y en procura del bien común. Pero esta vez se trata de un emprendimiento privado, con lógicos fines lucrativos. Nadie intenta desmeritar la renta privada, muy por el contrario. Pero ella no podría justificar adueñarse de algo tan público como un trozo de la geografía… ¡un río! para simplemente hacerlo desaparecer junto a sus bosques y sus especies animales y vegetales.
Resulta al menos llamativo que las autoridades participen de manera entusiasta del anuncio de un proyecto de estas características, con tono de “lanzamiento”. ¿Habrán advertido que no sólo de puestos de trabajo se trata? A favor de los gobernantes, conviene aquí reducir el hecho de los anuncios a lo que efectivamente ocurrió hasta ahora: las empresas presentaron la documentación, y deben permanecer a la espera de los permisos necesarios.
El proyecto deberá entonces pasar por muchas instancias previas, incluyendo una audiencia pública donde las evaluaciones ambientales sean sometidas a la opinión popular. Tal vez ni siquiera llegar a eso, ya que este parece ser un ejemplo de lo que “no se puede hacer”, mucho más que un caso que admite evaluar su impacto ambiental.
Si las autoridades dejaran pasar esto, y si las empresas –advertidas de una situación que podría devenir en importante reacción en el terreno jurídico y cívico– insistieran en destruir el curso del Ayuí para dar lugar a su proyecto productivo el precedente sería desafortunado.
¿Cuál sería, entonces, el nuevo límite? ¿Podrían éstas u otras empresas, con suficiente respaldo económico, levantar un dique para hacer desaparecer nuevos trozos de nuestra geografía? ¿Podría luego ser el turno del Miriñay, el Payubre, el Aguapey o el Corriente? ¿Dependería simplemente de eso?… ¿Del poder económico para hacerlo?
Aníbal Parera es un conocido conservacionista; fue director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina.
Photo Reserva Ibera
Por Anibal Perea
