Difundimos en Pezcalandia que el Gobierno nacional puso a licitación una
parte de la plataforma marítima argentina. Ahora, mediante la Resolución
276 del Boletín Oficial firmada por el secretario de Energía, Gustavo
Lopetegui, y a un mes de la apertura de sobres, el Ejecutivo oficializó la adjudicación
de 18 áreas del Mar Argentino a capitales extranjeros con el objetivo de
comenzar un proceso de prospección y exploración. Se entregan
así áreas estratégicas y se constituye un grave daño a la soberanía nacional.
Así
lo denunciaron rápidamente Claudio Lozano y Gustavo Lahoud, del Instituto
de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), quienes expusieron que esta grave
decisión del Gobierno nacional “se da en un contexto en el que la política de
desmalvinización se ha convertido en una estrategia deliberada de la política
exterior argentina”. Vale la pena recordar que en la convención de las Naciones
Unidas de Derecho del Mar de 2016 se reconocieron 1.782.500 kilómetros
cuadrados más como parte de la plataforma continental argentina. Ahora, 38
bloques divididos en 225 mil kilómetros cuadrados de esta plataforma fueron
licitados y 18 de ellos adjudicados para su exploración. En
este marco, las británicas Shell, BP y Tullow Oil ganaron siete áreas de las 18
licitadas, lo que representa un 39% del total. Como señaló el Observatorio
de la Energía, Tecnología e infraestructura para el desarrollo (OETEC) “se
trata de la mayor concentración de áreas ganadas por empresas privadas
originarias de un solo país, en este caso, Reino Unido”. Otro dato nada
menor que brindan desde el Observatorio es que entre las empresas que
se presentaron se encuentra la firma británica Tullow, que ya operó
ilegalmente siete áreas al sur de las islas en el 2007 y la noruega
Equinor -que tiene dentro de su directorio a una ex asesora de la
administración isleña- que también trabajó para Tullow.
Cronología
de una entrega En octubre del año pasado el Gobierno abrió a través
del decreto 872/2018 el Concurso Internacional Costa Afuera de la plataforma
continental argentina que estableció 38 bloques para poner a licitación. Finalmente,
estos fueron licitados el 16 de abril pasado y este viernes la Secretaría de
Gobierno de Energía, a través de la Resolución 276 publicada en el Boletín
Oficial oficializó la adjudicación de 18 permisos de exploración sobre estas
áreas. Estos se extenderían hasta en 8 años y en el mes de agosto -con el
título en su haber- las empresas podrían empezar las tareas.
“Son espacios a mar abierto y altísimas
profundidades, donde la explotación es muy comprometida y riesgosa desde
todo punto de vista, fundamentalmente en referencia a lo ambiental”, dijo
Gustavo Lahoud, especialista en energía del Instituto de Pensamiento y
Políticas Públicas, quien ya había señalado anteriormente en una entrevista con
Canal Abierto que “los pasivos que siempre quedan los
ven después las poblaciones y los sufrimos como comunidad”
Asimismo, indica que el Gobierno argentino hace en
este acto concesiones deliberadas a los intereses británicos en Malvinas y en
el Atlántico Sur sobre recursos hidrocarburíferos y pesca, haciendo caso omiso
a lo que significa el avance de estos capitales sobre el territorio nacional.
Cabe destacar, además, que una de las tres cuencas incluidas en el concurso, la
Cuenca Malvinas Oeste, al estar pegada a las Malvinas se constituye en
una zona de alta trascendencia geopolítica y de seguridad nacional.
En este sentido, la semana pasada, el municipio de
Río Grande interpuso ante la Justicia Federal una cautelar con el objetivo de
frenar esta adjudicación que, sin embargo, finalmente fue realizada. Como
denunció Claudio Lozano, dirigente nacional de Unidad Popular y coordinador del
Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, “entre gallos y medianoches, el
jueves 16 de mayo, bajo la más absoluta opacidad institucional y sin
convocatoria político-institucional alguna, se tomaron graves decisiones para
el presente y futuro de nuestros inalienables derechos sobre las Malvinas y
nuestros espacios marítimos e insulares circundantes”.
La adjudicación también fue denunciada el viernes
por la CTA rionegrina, que señaló la grave lesión a la soberanía y
al interés estratégico nacional sobre el Atlántico Sur que
significa la adjudicación que además, establece en el artículo 3 del
decreto 872 la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales
internacionales con sede en un Estado que sea parte en la Convención sobre el
Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras. Es
decir, Argentina cede soberanía jurídica ante cualquier circunstancia
que se tenga con este tipo de empresas una vez que fueron adjudicadas las áreas.
“Denunciamos esta decisión irresponsable del gobierno de Mauricio
Macri de poner en manos extranjeras áreas geopolíticamente claves de
nuestro territorio”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE y la
CTA Autónoma de Río Negro. “Se están rifando al mejor postor nuestros
recursos naturales. El proceso de extranjerización ya no es sólo de las
tierras en la Patagonia, sino que ahora incluye a nuestros mares. Este gobierno
deberá ser condenado por la entrega de toda la soberanía de nuestro pueblo”,
completó el dirigente. Es por esto que para el IPYPP es fundamental denunciar y
“rechazar abiertamente este nuevo acto del Gobierno argentino, que podría tener
incalculables consecuencias para la integridad geoestratégica y ambiental de
nuestro Atlántico Sur, que debe ser preservado y defendido como un bien común
inalienable e imprescriptible de todos los argentinos”.
Fuente Canal Abierto
